Desde 2013 que se promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, se establecieron diversas obligaciones que deben atender las empresas que realizan alguna de las actividades vulnerables que ésta define. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), unen sus esfuerzos para vigilar el cumplimiento de la LFPIORPI, de ahí que actualmente se estén emitiendo requerimientos o realizando visitas para comprobar el cumplimiento de obligaciones de la materia. Hay que tomar en cuenta que basta con que las empresas realicen alguna de las actividades vulnerables y/o superen los umbrales que ley previene para estar sujeto a la misma y ser susceptibles de ser multados. El incumplimiento de las obligaciones como la identificación, el control, la integración de expedientes, los registros o presentaciones de avisos de la LFPIORPI, ha llevado a empresas a ser sujetos de multas millonarias, llegando a superar los 19 millones de pesos en algunos casos, colocándolas al borde de la quiebra. La LFPIORPI, su reglamento y reglas aplicables llegaron para quedarse y existe un número relevante de empresas, tanto personas físicas como morales, que no se han ocupado en regularizar su situación, manteniéndose en un nivel de riesgo alto ante una verificación de la autoridad. En Grupo ProcessusMX, RAH abogados y B & M Consultores, contamos con un área especializada en materia de Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a cargo del Mto. Alfredo Puente Castellanos. Ponemos a su disposición nuestros medios de contacto para una asesoría profesional adecuada especialmente a su modelo de negocio. |
