Desde 2013 que se promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, se establecieron diversas obligaciones que deben atender las empresas que realizan alguna de las actividades vulnerables que ésta define. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración

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